Corte Constitucional

 

Comunicado de Prensa No. 44 de 31 de octubre de 2012

 

<Disponible el 3 de noviembre de 2012>

 

La Corte Constitucional determinó las reglas jurisprudenciales de la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas

           

  VI.  EXPEDIENTE  D-9079  -   SENTENCIA  C-896/12   
         M.P. Mauricio González Cuervo                                    

 

1.        Norma acusada

LEY 1480 DE 2011

(Octubre 12)

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones 

ARTÍCULO 80. Con el fin de contribuir al acceso eficaz a la justicia y a la descongestión judicial, el Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá operar servicios de justicia en asuntos de protección al consumidor, saneamiento de la propiedad, insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes.

Los servicios de justicia aquí regulados generan competencia a prevención y por ende no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a autoridades administrativas en determinados asuntos.

La operación de los referidos servicios de justicia debe garantizar la independencia, la especialidad y el control jurisdiccional a las decisiones que pongan fin a la actuación, tal y como está regulada la materia en cuanto al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas.

El Gobierno Nacional reglamentará la forma en que se haga efectiva la operación de estos servicios de justicia.

 

2.        Decisión

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “saneamiento de la propiedad, insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, del artículo 80 de la Ley 1480 de 2011.

 

3.        Síntesis de los fundamentos

La Corte precisó las reglas que rigen, de conformidad con la Constitución y la ley, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, en su orden: a) debe estar prevista en disposiciones con fuerza de ley; b) comprende el señalamiento de las competencias, la determinación de las garantías del debido proceso y todas las condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes; c) es una atribución excepcional y precisa y por ende, lleva consigo (i) un mandato de interpretación restrictiva de las normas que confieren este tipo de facultades; (ii) un mandato de definición precisa de las competencias y de las autoridades encargadas de ejercerlas y (iii) un mandato de asignación eficiente conforme al cual, la atribución debe establecerse de manera tal, que los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades administrativas puedan ser resueltos de forma adecuada y eficaz; d) se encuentra constitucionalmente prohibido de forma definitiva, la asignación de competencias para instruir sumarios o juzgar delitos; e) debe asegurar la imparcialidad e independencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas, de manera que (i) si es posible diferenciar claramente y no hay interferencia entre el ejercicio de funciones jurisdiccionales y el ejercicio de las funciones administrativas a cargo de la autoridad correspondiente, la asignación de competencias jurisdiccionales será constitucionalmente admisible; (ii) si las funciones administrativas y jurisdiccionales se encuentran tan estrechamente ligadas que no sea posible diferenciar –o eliminar- el riesgo de interferencia en el ejercicio de unas y otras en la entidad administrativa correspondiente, la disposición que atribuye las funciones jurisdiccionales será inconstitucional; (iii) en el evento en que las funciones administrativas y jurisdiccionales impliquen un riesgo de confusión o interferencia pero sea posible, desde el punto de vista jurídico y práctico, superar tales riesgos de confusión o interferencia, la disposición que atribuye las funciones será constitucional bajo la condición de que se eliminen tales riesgos.

En el presente caso, la Corte advirtió que si bien se demanda la totalidad del artículo 80 de la Ley 1480 de 2011, el actor dirige los cargos de inconstitucionalidad contra expresiones específicas que asignan funciones jurisdiccionales al Ministerio del Interior y de Justicia, en materias diferentes de la protección del consumidor. En esa medida, la Corte adelantó el examen de constitucionalidad de las expresiones del artículo 80 que atribuyen al Ministerio del Interior y de Justicia –o quien haga sus veces- una competencia para operar servicios de justicia en asuntos de saneamiento de la propiedad, insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes.

Dos cuestionamientos fueron planteados y valorados por la Corte en esta oportunidad, cuyo examen condujo a declarar la inexequibilidad de los apartes cuestionados. El primero de ellos advirtió que las expresiones impugnadas desconocen el principio de unidad de materia (art. 158 C.P.), dado que atribuían a una autoridad administrativa funciones jurisdiccionales relativas a materias que en nada se relacionaban con la materia de la Ley 1480 de 2011. El segundo, condujo a establecer que la atribución genérica de funciones jurisdiccionales -a través de la expresión “asuntos en que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando las controversias sean susceptibles de transacción o conciliación y se apliquen las normas procesales vigentes”- constituía una infracción del debido proceso (art. 29), así como de las reglas que determinan las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas (art. 116), en tanto no existe una asignación legal precisa de las competencias sino, por el contrario, genérica e indeterminada. Por las anteriores consideraciones, la Corte procedió a declarar inexequibles las expresiones cuestionadas del artículo 80 de la Ley 1480 de 2011.